Mayo ha sido un mes récord en decomisos de droga en la provincia y en el NOA. Con los 19 kilos de cocaína incautados el miércoles en el puesto limítrofe de 7 de Abril en la ruta 34, se completan 336 kilos, más de la mitad de los 660 secuestrados en lo que va del año. El miércoles pasado se daba cuenta de que en siete días en todo el NOA se habían incautado 896 kilos de ese estupefaciente y Tucumán es la segunda provincia donde más droga se incautó. Las noticias, que resultan inquietantes, tienen dos lecturas: desde una mirada positiva, se argumenta que estos decomisos se deben a la acción de las fuerzas de seguridad; desde un punto de vista diferente, se advierte que los narcotraficantes van ampliando sus estrategias y sus cargamentos y tratan de pasar cantidades presumiblemente mucho mayores que las secuestradas. Para estimarlo, al respecto, las autoridades de seguridad nacionales calcularon en 2019 que, cruzando estadísticas de consumo y decomisos, se podía establecer que se incautaba el 50,7% de la droga que ingresaba al país.
Los especialistas consultados por LA GACETA dijeron que el aumento de secuestros se debe al incremento de los controles en rutas por donde circulan con facilidad los narcotraficantes. Se trata de la ruta 34, que en 7 de Abril es una especie de triple frontera entre Tucumán, Salta y Santiago del Estero. Allí sólo la Policía tucumana tiene un puesto fijo, mientras que Gendarmería sólo hace controles esporádicos. La otra ruta es la 40 en los Valles Calchaquíes, donde la fuerza tucumana lleva a cabo el Operativo Lapacho; allí Gendarmería también tenía un puesto fijo que abandonó y ahora hace operativos esporádicos.
La acción de la fuerza tucumana se concentra en incrementar los operativos. “Se reforzará la cantidad de efectivos de la Digedrop para que colaboren en los controles que se realicen en el marco del Operativo Lapacho y a ese cuerpo se le entregará móviles para que se desplacen por las fronteras, además de intensificar los puestos fijos”, dijo el jefe de Policía, Joaquín Girvau. El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, consideró “fundamental que se realice un análisis de los movimientos de las organizaciones. Con la participación de todas las fuerzas se puede hacer una inteligencia criminal, con la que se obtendrán mejores resultados”, dijo.
Como sea, es claro que hasta ahora los narcotraficantes despliegan amplias estrategias para hacer circular enormes cantidades de estupefacientes y que las del Estado son limitadas para contrarrestarla. Ya se ve, por ejemplo, que el alambrado propuesto para limitar el tráfico de mercadería ilegal en Aguas Blancas ha sido sobrepasado porque se trata de solo 250 metros de control mientras que la frontera Argentina con Bolivia tiene una extensión de unos 742 kilómetros a través de los cuales cruzan cada día unas 15.000 personas. El alambrado se puso en uno de los cruces legales y se estima que hay más de 30 que no son controlados.
A la circulación de droga por vía terrestre -que también ha sido posible por corrupción en los controles ya que, como se sabe, hay unos 60 gendarmes procesados por esto- se añade el traslado por vía aérea, frente a lo cual harían falta por lo menos radares. Acaso la propuesta del ministro de Seguridad de hacer inteligencia sobre los movimientos de los traficantes sea un buen primer paso para avanzar en esta lucha por ahora tan desigual, a pesar del éxito de los operativos.